En julio de 2018, en la ciudad española de Valencia, tuvo lugar un hecho de discriminación en contra de una persona con habilidades distintas, que despertó la indignación de varias organizaciones y colectivos locales, y que, a su vez, llamó la atención de buena parte de la opinión pública con respecto a una condición y/o conducta prácticamente desconocida hasta entonces: la disfobia.

Según denunció en su momento el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV), el dueño de un restaurante de la ciudad impidió la entrada a un comensal en silla de ruedas, argumentando que no disponía del espacio suficiente para atenderlo, ya que el lugar se encontraba lleno.

No obstante, cuando agentes de la Policía lo requirieron para atender las quejas de los demás clientes, este cambió su versión aduciendo que había sido por el respirador artificial, más no por la silla de ruedas, el motivo por el cual había negado el ingreso a esta persona, pues consideraba que este aparato podría generarle complicaciones durante la comida y que por eso quiso evitar mayores problemas.

De acuerdo con Luis Vañó, presidente de Cermi CV, este caso fue denunciado ante las autoridades competentes como un acto de “disfobia”, el cual se enmarca dentro de los delitos y/o crímenes de odio estipulados en las legislaciones de varios países en el mundo, junto a las agresiones racistas, xenófobas y también aquellas motivadas por razones ideológicas.

Disfobia: entre la ignorancia, la estigmatización y el miedo.

En palabras de Eduardo Frontado Sánchez, experto en temas de inclusión y superación personal, el término ‘disfobia’ hace referencia al rechazo o fobia que sienten algunas personas hacia sus pares en condición de discapacidad, lo que representa no solo una más de las barreras sociales excluyentes a las que deben enfrentarse a diario, sino que, peor aún, constituye una de las principales causas de la violencia histórica que afecta a esta población.

“A pesar de que la ‘disfobia’ sigue siendo una de las principales causas de agresión en varios países, esta problemática continúa sin ser abordada por los medios de comunicación, organizaciones médicas o instituciones académicas en Colombia y América Latina; generando así una invisibilidad en torno a este fenómeno”, afirma Frontado, quien ha tenido que sufrir en carne propia esta lamentable situación en determinados momentos de su vida, por cuenta de la parálisis cerebral que padece.

“Cuando me preguntan por la ‘disfobia’ es imposible no recordar las caras de consternación y miedo de mis profesores universitarios, cuando entraban al salón y me encontraban sentado en mi silla de ruedas, listo para recibir la clase junto a mis demás compañeros. Mucho más, cuando les explicaba que por mi parálisis cerebral, no podía contestar los exámenes por escrito, sino en computador u oralmente. Lo que generó que, en ciertas ocasiones, tuviera que acudir con mi madre personalmente a la rectoría para denunciar la actitud renuente o dubitativa de algunos profesores que se negaban a realizarme los exámenes de esa manera, vulnerando así mi derecho a una educación de calidad y trato justo”, asegura Frontado.

“Lamentablemente, situaciones como esa se repiten a diario en mi vida, ya que la sociedad, en vez de abrazar la diferencia y percibirla como una oportunidad para crecer y mejorar, la rechaza casi que de forma automática, ya sea por miedo o por simple ignorancia. Como la vez que una mesera de un restaurante le preguntó a mi madre si yo podía leer el menú, en lugar de preguntarme a mí directamente, y cuando le respondí que sí, pude notar en su mirada cierta actitud de desconfianza y nerviosismo cuando me pasó el menú para que pudiera decirle lo que iba a ordenar, como si en verdad dudara de que podía valerme por mi mismo”, añade.

Disfobia en Colombia: ¿Disqué…?

Aunque en Colombia el término “disfobia” es prácticamente desconocido, la Ley 1752 de 2015 establece sanciones penales para las personas que, arbitrariamente, impidan, obstruyan o restrinjan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con habilidades especiales, con penas que van desde 12 a 36 meses de cárcel, y multas de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De igual forma, el Código Penal contempla medidas similares que castigan el hostigamiento por razón de discapacidad u otros actos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de discapacidad. Esto, no solo con el fin de proteger y dignificar a una población históricamente abandonada y discriminada, sino, también, para armonizar las leyes del Estado colombiano de acuerdo con el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

No obstante estos grandes avances en materia normativa, la ausencia de cifras y/o estadísticas actualizadas en Colombia relacionadas con los delitos en contra de las personas con habilidades distintas, motivados por conductas como la ‘disfobia’, brillan por su ausencia. Contrario a lo que sucede en otros países, especialmente en Europa.

En España, por ejemplo, la fobia a las personas con discapacidad es la tercera causa dentro de los denominados ‘delitos de odio’, después de las agresiones racistas y xenófobas, y también las motivadas por razones ideológicas, de acuerdo con el Movimiento contra la Intolerancia. Una situación que ha obligado al Estado a implementar diferentes medidas de carácter normativo y educativo para garantizar el bienestar y los derechos de los ciudadanos con habilidades diferentes.

En conclusión, aunque la discriminación y el hostigamiento por razón de discapacidad constituyen dos nuevos delitos en Colombia (tipificados con penas privativas de la libertad y multas económicas), aún queda un largo camino por recorrer hacia la meta de lograr una sociedad verdaderamente inclusiva, en donde las barreras socio-culturales excluyentes como la ‘disfobia’ sean parte del pasado.

De acuerdo con Eduardo Frontado, “la disfobia no es más que la extensión de una forma de exclusión llevada a términos dramáticos y directamente discriminatorios, debido a las carencias importantes en la formación educativa de una persona, tanto en el hogar como en el colegio. Por lo tanto, la eliminación de esta conducta radica esencialmente en la educación y también en el fortalecimiento de valores que deberían ser universales como la solidaridad y la empatía. Pues como diría el poeta T.S. Eliot, ‘la inclusión es la posibilidad de entender que todos somos necesarios e importantes en la trama social para poder construir un mundo mejor y trabajar por el bien común’”.

FUENTE: COMUNICACIONES DR Eduardo Frontado Sánchez